Proponen cambios a la ley que regula la instalación de infraestructura para el servicio de telecomunicaciones

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) adelanta consultas a fin de actualizar la legislación vigente en el país que regula la instalación de infraestructura pasiva para telefonía móvil y servicios inalámbricos de internet, contemplada en una norma que data de 2009.

“La Resolución 2848, requiere innovación y actualización en base a la realidad que manejamos diariamente como autoridad competente en cuanto al despliegue ordenado de infraestructura”, informó Edwin Castillo, director encargado de Telecomunicaciones de la ASEP durante el foro “Infraestructura digital sostenible: los desafíos de Panamá 2022”, donde expertos locales e internacionales analizaron el tema.

La ASEP, agregó Castillo, trabaja en conjunto con la industria y asesores internacionales en la actualización de esta norma para la compartición de infraestructura “que es esencial y fundamental” y que fue la base para la implementación de la regulación 2848, precisamente por la proliferación de antenas y torres en la geografía nacional.

Con los cambios en la regulación se espera “flexibilizar”  el hecho de compartir infraestructura, bajo la asesoría de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que estuvo presente en el foro en la figura de Sofie Maddens, especialista en Políticas y Regulación de esta organización, quién presentó modelos regulatorios de otros países y de cómo han transitado de una normativa de telecomunicación tradicional a la digital, sin dejar a un lado al consumidor final. También expuso como se ha manejado la infraestructura compartida.

Verena Weber, Jefe de la Unidad de Política de Infraestructuras y Servicios de Comunicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó recomendaciones en cuanto a despliegue de infraestructura para países en desarrollo de tal forma que se maximice el uso de la tecnología en beneficio de toda la población.

La abogada Beatriz Cabal, de la firma Galindo Arias & López, expuso su punto de vista sobre el marco regulatorio de Panamá en relación con el objetivo de tener una mayor conectividad, mejor calidad y mejores precios que permitan el acceso a las TIC por parte de todos los panameños.

La legislación actual, dijo, no contempla aspectos importantes de los últimos avances tecnológicos y recomendó las asociaciones público-privadas como mecanismo de atracción del capital que se requiere para esta modernización.

El ingeniero Jaime Blanco Landau se refirió a los retos que tiene Panamá en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de cara a un mayor desarrollo económico y bienestar de la población. Destacó la importancia de que el país haga los cambios necesarios a fin de aprovechar las oportunidades que trae la disrupción tecnológica, que conlleva profundos efectos en todas las áreas de la economía.

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